El sector de zonas francas tiene más de 43 años de existencia en el país, con la participación de inversionistas dominicanos y extranjeros que han creído en las posibilidades de la industria manufacturera.
El país ha contado con legislación y estímulo, además de instalaciones físicas, para esta plataforma de producción diversificada de bienes y servicios, en todo el territorio nacional.
Este sector ha sido en gran parte responsable del último impulso del desarrollo industrial del país, el tercer generador de divisas, con un 67% de las exportaciones totales y actualmente crea alrededor de 400,000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta.
Durante todos estos años, y fundamentado en las disposiciones establecidas en la Ley 8-90, las zonas francas han sido un pilar de la atracción de inversiones extranjeras, así como promotoras de inversión local. Es cierto que sus niveles salariales no son los más adecuados, pero a nivel del continente han sido un gran paliativo a la falta de empleo y al aumento de las exportaciones.
Las zonas francas, con producción intensiva y muy controlada, han contribuido a la creación de una cultura laboral que hoy es competitiva a nivel internacional, promoviendo la formación de profesionales, sobre todo en el área de la ingeniería industrial, además de incentivar transferencia de tecnología, a través de las operaciones de las 570 empresas y 50 parques industriales en todo el territorio nacional.
Cuando ocupé la Presidencia fui testigo del empuje de estas empresas y de su contribución en la generación de divisas y en la mitigación del desempleo. Fui partidario de los incentivos, en especial porque con la inserción de mano de obra en sus operaciones mitigaban el hambre, contribuían a reducir la pobreza y la delincuencia y a crear una mística competitiva y de trabajo, aparte de realizar un aporte a la generación de divisas.
En los siete años de gobiernos de Leonel Fernández lo que ha ocurrido es un desincentivo de las zonas francas, en primer lugar, porque el Presidente consideró que el modelo había agotado su capacidad y porque el crecimiento de China implicaba que ya no tendríamos capacidad para competir. No ha sido así.
Las políticas del Gobierno aplastaron las posibilidades de sacar más provecho a las inversiones nacionales y extranjeras, de colocar el país en un plano más competitivo, y de generar más divisas. La mala gestión en la administración de los acuerdos de libre comercio provocó que la República Dominicana perdiera competitividad, que perdiera incluso mercados ya conquistados que mi gobierno consiguió y que las inversiones se fueran del país hacia otras naciones con más receptividad y conciencia sobre el modelo de zonas francas.
Los inversionistas locales perdieron espacio y tuvieron que emplearse a fondo para convencer al Presidente de que el modelo tenía nuevas posibilidades. Recibieron préstamos, más como favores personales que como resultado de una política de Estado convencida de que las zonas francas seguían siendo negocios para el país. Y para demostrar que el apoyo entregado a las empresas de zonas francas no fue sincero, y que Leonel y su partido mantienen la misma creencia de siempre, de que el modelo ya agotó su potencial, el equipo económico, con el apoyo de Danilo Medina, acaba de introducir una reforma fiscal que vuelve de nuevo a arrinconar las iniciativas de zonas francas.
Sigo creyendo que el país debe hacer una gran cruzada para generar empleos, y que las empresas de zonas francas tienen un potencial importante en varios aspectos de la reducción de la pobreza. Aunque aclaro que el tema salarial sigue siendo una inconsistencia del modelo, que debe existir una brecha en la que sea posible ser competitivos pagando mejores salarios.
En el paquetazo fiscal que se aprobó y que acaba de promulgar el Gobierno, se introdujeron elementos que afectan a las empresas de zonas francas y que desmienten los discursos de interés por el progreso y el desarrollo. A pesar de que el objetivo principal de la Ley 8-90 es exportar bienes y servicios, la legislación también permite que las empresas de zonas francas puedan vender un porcentaje de su producción en el mercado local, previo al pago de los impuestos correspondientes excluyendo el valor agregado nacional y las materias primas y componentes importados de varias naciones, principalmente de aquellas con las que el país tiene acuerdos de libre comercio.
Ahora decidieron aplicar un arancel sobre el valor total de las mercancías elaboradas en las zonas francas, las que se venden en el mercado local, con lo cual penalizan la producción nacional y favorecen las importaciones de los países con los que tenemos acuerdos de libre comercio, que no pagan el arancel.
Según las informaciones que he recibido, a partir de ahora, cuando una empresa de zona franca venda al mercado local va a tener que pagar el impuesto de importación sobre el valor total del producto, incluyendo los salarios que se le paga a los empleados, la energía eléctrica, agua y las materias primas e insumos que se compren localmente. Con el agravante de que todos estos cambios se han hecho sin tomar en cuenta el derecho adquirido de las empresas de zonas francas, basados en la ley vigente, que les otorga permisos temporales para recibir incentivos.
Otro impuesto creado en la nueva reforma fiscal es el pago del 2.5% de las ventas brutas que realicen al mercado. Tengo entendido que se habían hecho negociaciones en el ámbito del Congreso y que ahora los acuerdos se derrumbaron con las disposiciones del Congreso mecánicamente dominado por el PLD. Estamos en una situación precaria, y en materia de negociaciones comerciales caminamos como el cangrejo, retrocediendo, perdiendo competitividad, abandonando mercados que podrían ser la gran diferencia para el aumento de las divisas para el país.
Por ejemplo, un rubro en el que hemos tenido ventajas comparativas ha sido el tabaco. Producimos los mejores cigarros del mundo y podemos incentivar esa industria para que destaquemos nuestras marcas. Eso abre posibilidades al campo, reduce la pobreza, genera empleos.
Sin embargo, con las disposiciones del Gobierno, será mucho más económico traer un cigarro hecho en otro país competidor, por ejemplo Honduras, que comprarlo en las zonas francas dominicanas, ya que tendrán que pagar el arancel del valor total del cigarro. Igual sucederá con los medicamentos que se fabrican en zonas francas locales, con los vegetales que se producen en invernaderos que operan como zonas francas, entre otros casos.
Esto traerá como consecuencia demanda de divisas para importar bienes de otros países cuyos productos entran al país con tasa cero y que numerosos empleos creados en el territorio nacional como en agricultura, manufactura, servicios serán afectados, aumentando más el desempleo.
El Gobierno está enviando una mala señal y está poniendo en evidencia su real convicción de que no cree en la producción nacional, ni en las exportaciones, ni en las posibilidades de que generemos divisas con bienes producidos por las manos de los dominicanos y dominicanas del campo y de las empresas de zonas francas.
La reforma fiscal es una imprudencia y un exceso de poder de parte del Gobierno y del PLD, que pone en evidencia que su mayor interés es la voracidad en la recolección de impuestos, sin importar a cuáles sectores productivos va a afectar y sus funestas consecuencias.
Hipólito Mejía es candidato a la Presidencia por el PRD y expresidente de la República
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